ABRIL DE 1934

Tras el fracaso del golpe del general Sanjurjo en agosto de 1932, su condena a muerte y el inmediato indulto por el gobierno presidido por Manuel Azaña, que conmutó esa pena por la de prisión perpetua, las fuerzas de la derecha fueron progresivamente reclamando una amnistía plena para el general y cuantos habían colaborado con él en la intentona o simpatizado con ella y por ese motivo habían sido condenados, procesados o sancionados administrativamente. La ocasión para ello surgió con el triunfo en las elecciones generales de noviembre de 1933 que llevó al poder a la coalición radical-cedista personificada en Alejandro Lerroux y José María Gil Robles, abriendo así el que la historiografía dominante viene llamando «bienio negro». El encargo de preparar y redactar una Ley de Amnistía que diese cumplimiento a aquel objetivo prioritario recayó sobre el ministro de Justicia Ramón Álvarez-Valdés (tío abuelo del autor), único representante en el primer Gobierno Lerroux del Partido Republicano Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez. En su defensa del proyecto de ley, Álvarez-Valdés hizo una alusión poco afortunada a los sucesos de Jaca de diciembre de 1930, y su consecuencia fue la llamada «crisis del vituperio», que conllevó la inmediata dimisión del ministro y, poco más tarde, la del propio Lerroux y todo su gobierno, enfrentado al presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.Detallada descripción del marco histórico y político, el áspero debate y las consecuencias de la amnistía del gobierno radical de 1934.Joaquín Olaguíbel Álvarez-Valdés. Abogado en ejercicio en Madrid, es sobrino nieto de Ramón Álvarez-Valdés, el político asturiano colaborador y amigo de Melquíades Álvarez, ministro de Justicia con Alejandro Lerroux y autor del proyecto de la Ley de Amnistía de abril de 1934. El abuelo del autor, don Rafael Alvarez-Valdés Martín de la Carrera, sintió siempre por su medio hermano, el brillante jurista y político, una verdadera devoción. Con el paso del tiempo, en su familia subsiste cada vez más debilitado el recuerdo de aquella intervención parlamentaria del ministro reformista que produjo su dimisión y muy probablemente su asesinato, apenas dos años después. El autor se ha propuesto rescatar y fijar la memoria de aquel episodio con la esperanza de que el relato de los hechos históricos que le precedieron, tanto como los posteriores, atraiga la atención de las muchas personas todavía hoy interesadas en la historia de la Segunda República. Para ello ha podido utilizar la documentación que la familia logró conservar pese a las trágicas circunstancias de la muerte de don Ramón en agosto de 1936 y el fallecimiento de Félix, su hijo mayor y secretario, durante la Guerra Civil.